Fernanda Valverde Madera
La frontera sureña que divide a México con Guatemala ha sido fácil de cruzar en el pasado, permitiendo el paso de migrantes y comerciantes que buscan mejorar sus estilos de vida. A lo largo de los 573 kilómetros que forman la frontera entre estos países, sólo había ocho localizaciones en donde se hacía una revisión formal de papeles y en donde se tenía un control de los intercambios entre ambos países.
A pesar de esto miles de personas cruzaban ilegalmente esta frontera en busca de mejores condiciones de vida, empleo o poder comercializar productos para subsistir. Gracias a estos 56 puntos de migraciones ilegales, entre los cuales están el lago Suchiate con 81 kilómetros y el Usumacinta con 305 kilómetros, se decía que la frontera era imaginaria, ya que se podía cruzar sin la necesidad de documentos oficiales o algún otro tipo de filtro.
Esto ya no es una realidad, pues en junio de 2019, un acuerdo entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, le otorgó 45 días al último para demostrar una significante disminución en la cantidad de migrantes de México a Estados unidos. Como respuesta, López Obrador desplegó a más de 6000 efectivos de la Guardia Nacional y otras instituciones de seguridad, que se han encargado de aterrorizar a todos aquellos que crucen ilegalmente la frontera antes mencionada.
En enero de este año, miles de migrantes intentaron cruzar la frontera por el río Suchiate, en una acción desesperada para poder cruzar al norte. Al final del día, exhaustos por todos los enfrentamientos que tuvieron en contra de la Guardia Nacional, se vieron frente a un dilema: Volver a intentar o retroceder a las condiciones que los hicieron querer buscar una mejor vida.
Lo que el gobierno mexicano hizo en repuesta a estas caravanas, fue “ofrecerles” un trabajo en el estado de Tabasco, pero en realidad terminaron deportando a todos y cada uno de los migrantes que creyeron que al fin iban a conseguir algo por lo que habían luchado tanto tiempo, destruyendo sus esperanzas de mejorar sus vidas.
Por otro lado, Trump ha recortado cientos de millones de dólares para la ayuda a Honduras, El Salvador y Guatemala tras asegurar que sus Gobiernos no están haciendo lo suficiente para frenar los flujos migratorios.
“No puedo volver a mi país porque o muero de hambre o me matan las maras" dice Juan Carlos, migrante salvadoreño que espera en un albergue en Tecún Umán, una ciudad fronteriza de Guatemala. "Pero ahora tampoco puedo seguir hacia México, porque ahí están vigilando más y devolviéndonos a nuestro país a la muerte segura, sin darnos oportunidad".
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